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Reforma Tributaria

Parte 1

Impuesto a las Ganancias Empresarial

El pasado 15 de noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo de la Nación envió al Congreso el Proyecto de Reforma Tributaria que abarca el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, impuestos selecitvos al consumo (gaseosas, cigarrillos y bebidas alcohólicas), el impuesto a los combustibles líquidos y el monotributo.

Analizaremos los principales cambios propuestos por el Proyecto de Reforma en régimen impositivo nacional. En esta primera entrega analizamos las modificaciones que pretende hacer el PEN sobre el imuesto a las ganancias corporativo.

Efectos de la Reforma sobre el impuesto a las ganancias empresarial

Tasa de impuesto a las ganancias a la renta corporativa

En Argentina, la alícuota de impuesto a las ganancias que grava a la renta empresarial es del 35%. En comparación con el resto de los países de Sudamérica, Argentina es el país con mayor carga impositiva sobre la renta empresarial no distribuida. Incluso, esta alícuota es superior en más de un 7% respecto al promedio del Mercosur y de la Región.

Fuente: Elaboración de Finest

La imposición a las ganancias corporativas representa un factor fundamental en las decisiones de inversión, por lo que poseer la tasa más elevada de la región podría implicar un desincentivo tanto para atraer capitales externos como para el desarrollo de proyectos con capitales nacionales.

Fuente: Elaboración de Finest a partir de datos obtenidos del Corporate Tax Rate Table publicado por KPMG.

Es por ello que el Proyecto de Reforma incluye una rebaja gradual en la alícuota corporativa llevandola del 35% actual al 30% para los años 2018 y 2019 y, finalmente, al 25% a partir del año 2020. Este beneficio alcanzará a la utilidades no distribuidas de las empresas, buscando incentivar la reinversión de capitales. En caso de distribuirse dividendos o utilidades entre los socios se ingresará un impuesto adicional con una alícuota que complementará el impuesto corporativo llevando la carga tributaria total entre empresa y socio al 35%.

Para comprender mejor el efecto de esta reforma, supongamos el siguiente ejemplo. Una sociedad anónima obtiene una utilidad antes del pago del impuesto a las ganancias (beneficio imponible) de $ 100. Esta utilidad pagaría impuesto a las ganancias por los siguientes importes, considerando la reforma impositiva:

Si esta sociedad decide distribuir entre sus accionistas el 100% de los resultados obtenidos en cada año, los dividendos que recibe cada socio estarían alcanzados por el impuesto a las ganancias en los siguientes importes:

Es decir, cada accionista debería pagar en los años 2018 y 2019 un impuesto a las ganancias del 7% de los dividendos recibidos y, a partir del 2020, del 13%.

Si sumamos el impuesto a las ganancias pagado por la sociedad y por los accionistas obtendremos la carga impositiva total sobre las utilidades corporativas:

Endeudamiento con entidades vinculadas

Resulta usual en los grupos económicos que la estructura societaria de los mismos esté diseña de tal manera que exista una entidad holding, que concentre todas participaciones en el resto de las entidades operativas del grupo. Habitualmente, la entidad holding obtiene financiamiento para todo el grupo a través de, por ejermplo, la oferta púbica de obligaciones negociables y acciones en el mercado de capitales. De esta manera, al concentrar todos los negocios del grupo, se logra reducir el costo de endeudamiento e incrementar el nivel de financiamiento. El dinero que la holding obtiene del mercado de capitales, o de la fuente que fuera, se distribuye en los diferentes negocios del grupo a través de préstamos intercompany.

Este mecanismo tiene, al menos, dos implicancias fiscales inmediatas: la primera para la entidad prestadora respecto a la potencial ganancia que debería obtener por ceder el uso de fondos a otras entidades; y la segunda para la entidad receptora de los fondos, por la deducción del costo del endeudamiento.

Respecto a la entidad prestadora, le aplica la normativa incluida en el Art 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG) referida a disposición de fondos y bienes en favor de terceros, la cual establece que, si dicha disposición no responde a operaciones realizadas en interés de la empresa, deberá considerar como ganancia gravada un interés presunto. Sobre este tema ya existe jurisprudencia [2]  que avala su aplicación a préstamos entre entidades pertenecientes al mismo grupo económico.  El Proyecto de Reforma mejora la redacción del Art 73 de la LIG distinguiendo la forma de determinar el interés presunto según se trate de disposición de fondos o de bienes, incorporando como excepción a la aplicación de dicho interés el caso en que la disposición de fondos sea en favor de una socio de la entidad y la misma sea considerada como puesta a disposición de utilidades.

    

Con relación a la entidad receptora de los fondos, el Proyecto de Reforma Tributaria introduce cambios para limitar la deducción de intereses y cargos financieros contraídos con sujetos vinculados. Según lo indica el mensaje que acompaña al Proyecto de Reforma, este cambio tiene origen en las recomendaciones formuladas en la Acción 4 del Proyecto para Contrarrestar la Erosión de las Bases Imponibles y la Relocalización de la Renta (BEPS [3], por sus siglas en inglés), adoptadas por la OCDE y el G20.

 

La Reforma propone limitar la deducción de intereses y cargos financieros de préstamos con entidades vinculadas al importe anual que establezca el PEN o al 30% de la ganancia neta del ejercicio (antes de deducir los mencionados intereses), lo que resulte mayor.

El mencionado límite se acrecentará con el excedente no utilizado acumulado en los últimos tres ejercicio.

Veamos un ejemplo.

A los efectos de los límites mencionados, el Proyecto propone considerar como intereses a las actualizaciones y  diferencias de cambio generados por el préstamos con entidades vinculadas.

Estos límites no aplicarán en los siguientes casos:

  1. Por el monto de intereses que no exceda a los intereses (y cargos financieros) activos, es decir por créditos que tenga la entidad [4];

  2. Cuando se demuestre de manera fehaciente que el ratio intereses sobre ganancia neta es igual o menor al mismo ratio consolidado del grupo económico, respecto a los intereses con acreedores externos; y

  3. Cuando se demuestre que la entidad prestadora haya tributado impuesto a las ganancias por los mismos intereses y cargos financieros.

Asimismo, por una cuestión lógica, estos límites no aplican para aquellas empresas pertenecientes a actividades caracterizadas por el alto endeudamiento por ejemplo entidades financieras, fideicomisos financieros, entre otras.

Precios de transferencia

En materia de transacciones internacionales (principalmente importaciones y exportaciones) pueden darse maniobras tendientes a manipular los precios de dichas transacciones para relocalizar rentas entre un país y otro de manera de reducir la carga tributaria. Esto se da principalmente en transacciones entre partes vinculadas y también con operaciones entre entidades sujetas a cargas tributarias significativamente diferentes. Cada país establece reglas de precios de transferencia en materia tributaria para evitar que se erosionen las bases imponibles transfiriendo la renta a países de menor tributación.

En nuestro país, las operaciones sujetas a las reglas de precios de transferencia son las realizadas por las empresas con sujetos vinculados del exterior; o sujetos independientes que estén ubicados en los denominados paraísos fiscales (países de baja o nula tributación).

El Proyecto de Reforma propone realizar modificaciones a la normativa referida a precios de transferencia incluyendo disposiciones tendientes a evitar maniobras en transacciones de importación y exportación a través de intermediarios internacionales. Asimismo, se dispone la aplicación de un importe mínimo de ingresos anuales y monto de operaciones sujetas al análisis de precios de transferencia a partir del cual resulta obligatoria la presentación de declaraciones juradas especiales.

Respecto a las operaciones que resultan alcanzadas por las disposiciones en materia de precios de transferencia, el Proyecto incorpora las definiciones de jurisdicciones no cooperantes y jurisdicciones de baja o nula tributación. Se considera jurisdicción no cooperante a aquella que no tenga vigente con nuestro país un acuerdo internacional que prevea el intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información o bien que, teniendo vigente un acuerdo, no cumplan efectivamente con tal intercambio. Asimismo, el Proyecto propone como criterio para calificar una jurisdicción, territorio o régimen como de baja o nula tributación, que la legislación foránea aplique una alícuota de imposición a la renta corporativa inferior al 60% de la vigente en nuestro país.

Ajuste por inflación

En los últimos años, un tema muy candente para las empresas ha sido la imposibilidad de poder realizar el ajuste por inflación tanto para fines contables como fiscales. En materia impositiva, el ajuste por inflación establecido en la LIG se encuentra inhabilitado a partir de la sanción de la Ley 24.073 de abril de 1992.

Dado los significativos niveles de inflación que se produjeron en nuestro país desde ese año hasta el presente, la imposibilidad de realizar el ajuste por inflación implicó que se determinaran niveles de imposición a la renta que resultaron confiscatorios o, al menos elevados, considerando la capacidad contributiva de las empresas medidas en términos reales.

Un caso emblemático en este sentido fue el de Candy S.A. En este caso la CSJN emitió un fallo declarando la inconstitucionalidad de la norma que impide realizar el ajuste por inflación en la determinación del impuesto a las ganancias. La empresa logró demostrar que el impuesto a las ganancias determinado para el año 2002, sin ajuste por inflación, daba como resultado una alícuota efectiva del 62% sobre el resultado impositivo ajustado, lo que tornaba al impuesto en confiscatorio socavando el patrimonio societario. Luego del fallo de Cady, se presentaron numerosos reclamos de confiscatoriedad por otros contribuyentes del impuesto.

Con todo, la normativa que impide el ajuste por inflación continúa vigente.

Al respecto, el Proyecto de Reforma propone reestablecer el ajuste por inflación a partir del año 2018. Asimismo, se modifican las reglas para determinar a partir de cuándo se configura un contexto inflacionario que amerita la realización del ajuste. En este sentido, se han seguido los criterios cuantitativos establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera [5(NIIF) que han sido adoptadas como normas contables profesionales vigentes en nuestro país.

Las NIIF no establecen “una tasa absoluta para considerar que, al sobrepasarla, surge un estado de hiperinflación”, si no que fijan pautas que pueden ser indicativas de un contexto de inflación que amerite el ajuste de estados financieros entre las cuales se incluyen las siguientes [6]:

  1. La población en general prefiere conservar su riqueza en activos no monetarios, o bien en una moneda extranjera relativamente estable. Las tenencias de moneda local son invertidas inmediatamente para mantener la capacidad adquisitiva;

  2. La población en general no toma en consideración las cantidades monetarias en términos de moneda local sino que las ve en términos de otra moneda extranjera relativamente estable. Los precios pueden establecerse en esta otra moneda;

  3. Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan  la pérdida de poder adquisitivo esperada durante el plazo de financiamiento, incluso cuando el período es corto;

  4. Las tasas de interés, salarios y precios se ligan  a la evolución de un índice de precios;

  5. La tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 100%

Si bien normalmente cuando se llega a una tasa de inflación acumulada en tres años del 100%, las otras características indicadas en los puntos (a) a (d) también se presentan, el Proyecto de Reforma propone ceñirse sólo al criterio o indicio cuantitativo.

Así, se propone modificar el Arículo 95 de la LIG incorporando el siguiente párrafo:

El ajuste por inflación "resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89 [8], acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al cien por ciento (100%)."

Asimismo, como norma de transición, se establece qué deberá hacerse en los dos primeros años de vigencia de esta disposición, respecto al parámetro para considerar si se debe aplicar el ajuste por inflación:

"Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 2018. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior."

Referencias:

[1] En el caso de los países no coloreados, implica que no se han obtenido los datos correspondientes.

[2] Fallo CSJN Fiat Concord S.A. contra DGI.

[3] Base Erosion and Profit Shifting.

[4] Entedemos que deben considerarse solo los créditos financieros con otras partes vinculadas.

[5] Norma Internacional de Contabilidad 29 – Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias

[6] NIC 29, punto 3.

[7] Si el monto de intereses deducido no supera al límite establecido en el Art 81 de la LIG, el excedente no utilizado incrementa el límite correspondiente a los dos años siguientes.

[8] Indice de Precios al por Mayor Nivel General publicado por el INDEC.

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